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Criminales de lesa humanidad
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Asunto: Re: [Docentes] CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD De: Cristián Antiba <cubicalghost@gmail.com> Fecha: Dom, 27 de Septiembre de 2009, 7:23 pm Para: docentes@fceia.unr.edu.ar Prioridad: Normal
En cualquier país del mundo que se descubriera un crimen como el de los medicamentos adulterados, el hecho se transformaría en un escándalo que implicaría consecuencias políticas importantes. Aquí no. Todo indica que la investigación llegará a un punto donde todo se diluirá, como la AMIA, como la embajada de Israel (por nombrar otros grandes crímenes). Las entidades de DDHH pareciera que no consideran este atentado contra la sociedad argentina como merecedor de su repudio y preocupación. ¿Será por la relación política de los culpables con el propio poder?
Los crímenes fabulosos cometidos con remedios adulterados en contra de la población por parte de funcionarios, empresarios y sindicalistas de nuestro país deben ser considerados como crimen de lesa humanidad cuyo enunciado expresa “Se denomina crimen contra la humanidad, según lo establecido por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, a las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada o cualesquiera actos inhumanos que causen graves sufrimientos o atenten contra la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
En el último punto el enunciado especifica “Otros actos inhumanos” de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física: actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la humanidad”.
En principio Juan José Zanola y su mujer, Paula Aballay como administradores de la obra social bancaria, Néstor Lorenzo, José Luis Lingeri, Hugo Moyano, Ginéz González García, Héctor Capaccioli, Claudio Zin, Alberto Costa, subsecretario de Control Sanitario, entre otros muchos tendrían que ser acusados por crímenes de lesa humanidad y la Justicia debiera caerles con todo el peso de la ley.
No ha existido en el país, fuera de la dictadura, un acto de tanta criminalidad como la que día a día se descubre y que involucra a nombres conocidos, quienes históricamente han vivido vinculados a la corrupción estatal.
El Juez Oyarbide abrió la Caja de Pandora y pensamos que será muy difícil que alguien pueda cerrarla, pues aquí no se trata de un acto de corrupción económica ni de enriquecimiento ilícito solamente, se trata de un crimen contra la población y en consecuencia debiera existir, de parte de la Justicia, una acción rápida, clara y contundente que castigue sin miramientos ni atenuantes a estos criminales.
Cuando sucedió el crimen de Forza, éramos muchos los que opinábamos que no había sido la muerte de un pobre inocente, desprevenido, que encontraron caminando por una calle obscura. La muerte de este delincuente y toda su pandilla, indudablemente respondió a los códigos internos de la mafia, la misma que hoy destapa la cara de algunos de sus cultores locales y que de existir la pena de muerte, les tendría que ser aplicada sin remordimiento.
Estos miserables han condenado a miles de personas a una muerte segura y a sufrimientos en vida, solo por la avaricia que dispensa la cloaca en que han transformado sus vidas. Algunos como ejecutores, otros por omisión, muchos por complicidad y decenas de estos criminales como ideólogos y facilitadores de este crimen, deben pagar con cárcel por el resto de su existencia, el enorme crimen que cometieron.
No he visto, hasta ahora, a las organizaciones de Derechos Humanos levantándose en contra de estos miserables, muchos de los cuales están fuertemente vinculados a gobiernos anteriores y actuales y han sido dispendiosos aportantes de campañas políticas.
Seguimos viviendo la mentira del discurso setentista y parece que allí, en esos años solamente, existieron los derechos humanos para unos pocos; mientras tanto hoy la inseguridad, el índice creciente de pobreza, el aumento alarmante de la desocupación y crímenes de lesa humanidad como el cometido con los medicamentos adulterados, no hacen méritos suficientes como para interesar a los impulsores mediáticos de esa suerte de negocio ideológico en la que han convertido a los DDHH muchos de los cuales están vinculados al poder. CRISTIAN ANTIBA. P/d: levantado de la Agencia OPI, Santa Cruz.